Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de julio de 2020

A Nuestros Asociados y a toda la Sociedad

Los colegios de las Congregaciones Religiosas de la Iglesia Católica no perseguimos fines de lucro. Ejercemos la misión evangelizadora de la Iglesia en la Educación de los niños, jóvenes y adultos, especialmente de los más necesitados. Siendo esta misión consagrada por el derecho constitucional de la libertad de enseñanza.

Los aranceles que perciben nuestras instituciones se encuentran muy limitados por la capacidad económica de nuestras familias, que vienen sufriendo desde hace décadas una fuerte merma en los ingresos, y por la desactualización de las cuotas en relación con la inflación. También desde hace bastante tiempo, el aporte estatal de las distintas jurisdicciones en las que tenemos presencia a lo largo y ancho de nuestra Patria se ha visto recortado por políticas educativas que han perdido la trascendencia y amplitud de miras que necesita la educación.

Nuestras escuelas están sufriendo las consecuencias de esta prolongada cuarentena. Las familias se ven impedidas de trabajar, muchos padres de familia han perdido sus empleos o son cuentapropistas, sin ingresos en la actualidad, y la morosidad aumentó a dimensiones que nunca antes habíamos soportado en la larga historia de nuestras Instituciones. Incluso, algunas de nuestras obras se han visto obligadas a suspender personal en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Se han cumplido todos los requisitos establecidos por el Estado Nacional para acceder al auxilio que previó para las Pymes, pero la ayuda que llegó es parcial, insuficiente y a no todas las instituciones. A ello se suma ahora el desafortunado anuncio de que dicha ayuda no cubrirá el pago de parte del SAC. Tampoco hemos podido acceder a los préstamos bancarios por vernos imposibilitados de conseguir el certificado MIPYMES.

Lo descrito anteriormente, afectó la obligación de pagar el medio aguinaldo (1º SAC 2020) en el plazo legal y afectará el pago de los sueldos. Pero aún es más grave, porque pone en serio riesgo la continuidad del servicio educativo de calidad que brindamos. Todo este confuso panorama afecta directamente a nuestros docentes, que ven peligrar su fuente de trabajo y la estabilidad de sus ingresos, y atenta contra la sana relación entre partes, que es insustituible a la hora de educar. Queremos sostener con responsabilidad evangélica el vínculo que nos une con nuestros educadores, que representa al mismo tiempo la bendición del trabajo para sus familias, y la fecundidad de transformar la vida de los niños, jóvenes y adultos que asisten a nuestras aulas.

Entendemos la realidad de la emergencia sanitaria y solicitamos a los Gobiernos Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que aseguren la continuidad e integridad del aporte estatal y al Gobierno Nacional que administre los bienes del Estado en favor del bien común y arbitre los medios para que todas nuestras obras educativas, formales y no formales, puedan acceder a los programas de asistencia necesarios para seguir ejerciendo el legítimo derecho a la libertad de enseñanza y garantizar la estabilidad laboral de nuestros educadores.

Comisión Directiva